El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobó el 1 de octubre de 2026 la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Castilla-La Mancha. Salió adelante con 17 votos a favor del PSOE, la abstención de los 12 diputados del PP y 4 votos en contra de Vox, y sustituye a la Ley 7/2011, quince años en vigor.
Qué ha pasado
La norma la impulsó la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, y el pleno lo presidió Pablo Bellido. Pasa de los 56 artículos de la ley de 2011 a 6 títulos y 74 artículos, más anexos y disposiciones.
El crecimiento tiene destinatario: lo que ocurre en espacios abiertos. La ley da marco a macroeventos, festivales musicales, celebraciones populares, eventos deportivos y otras concentraciones multitudinarias, donde antes había un vacío legal. Según El Digital de Castilla-La Mancha, busca además dar cobertura legal a las administraciones para actuar contra las raves ilegales en entornos naturales.
Declarar en vez de pedir permiso
El cambio de fondo está en la puerta de entrada administrativa. La organización de espectáculos y actividades recreativas queda con carácter general sujeta a declaración responsable previa, y la autorización administrativa se reserva a los casos en que concurran motivos de seguridad, orden público, salud pública o protección del medio ambiente. Así lo recoge Castilla-La Mancha Media.
Dos condiciones nuevas no dependen de la organización. La primera: quien ejerza funciones de control de accesos deberá contar con habilitación expedida por la Junta tras superar pruebas de aptitud que se establecerán reglamentariamente. La segunda: entre las causas de prohibición o suspensión figuran las épocas de peligro alto o extremo de incendios forestales en entornos naturales, junto a la protección de la infancia y la adolescencia y las concentraciones no autorizadas que pongan en riesgo el orden público o la seguridad. Un festival en monte en agosto queda así atado a un calendario de riesgo que no fija el promotor.
Se suma a las obligaciones de seguridad que la normativa española ya pone sobre el organizador de un festival. La ley actualiza además los importes de las sanciones de la norma anterior —no hemos podido confirmar las cuantías—, distingue horarios de verano y de invierno, prevé planes de inspección y decomiso para las actividades que no cumplan, en coordinación con los ayuntamientos, y regula el acceso de menores a determinados espacios en conciertos y actuaciones en directo.
El consejero Juan Alfonso Ruiz Molina defendió, según clm24, que la norma busca garantizar el derecho al ocio sin que entre en conflicto con el derecho al descanso. Para quien produce al aire libre, el marco se suma al cálculo que ya está sobre la mesa esta temporada: más de ochenta festivales cancelados en 2026 con la taquilla en récord.
Lo que queda pendiente
Falta lo que convierte una ley en obligación concreta: el texto íntegro, las cuantías de las sanciones y los horarios exactos. No hemos confirmado la publicación de la norma en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha ni su fecha de entrada en vigor. Y parte de su contenido se remite a desarrollo reglamentario, empezando por las pruebas de aptitud del personal de control de accesos.