Un tribunal federal de California ha dejado en pie la demanda de la Federal Trade Commission y siete estados contra Live Nation y Ticketmaster. El auto, de 28 de septiembre de 2026, deniega la moción de archivo respecto de todas y cada una de las reclamaciones.
Qué ha pasado
El auto, de 27 páginas, lo firma Maame Ewusi-Mensah Frimpong, United States District Judge, en el United States District Court for the Central District of California. Es el documento 127 del caso 2:25-cv-08884-MEMF-MAA, registrado el «09/28/26». El fallo cabe en una línea: «Defendant's Motion is DENIED as to each claim». La frase siguiente abre el calendario del pleito: «The Court will issue an Order Setting Scheduling Conference forthwith».
Demandan la FTC y siete estados —Colorado, Florida, Illinois, Nebraska, Tennessee, Utah y Virginia, este último al amparo de 15 U.S.C. § 45c(c)—, con una demanda presentada el 18 de septiembre de 2025. La denegación alcanza también a las reclamaciones de derecho estatal: el auto razona que las seis leyes estatales invocadas son paralelas a la FTC Act.
Esto no es una sentencia sobre el fondo, y el propio texto lo deja escrito: «This Court is not deciding at this stage whether the FTC's and the states' accusations are true», el tribunal no decide en esta fase si las acusaciones son ciertas. Lo que hay es un filtro superado. La demanda alega que las comisiones elevan el coste total de la entrada «up to 44%» (Compl. ¶ 46); el tribunal no lo da por acreditado, solo escribe que «a reasonable consumer would not associate "+Fees" as a 44% increase in cost». Y alega que un alto directivo de Ticketmaster escribió en un correo interno, con copia a la dirección de Live Nation, que las compañías «turn a blind eye as a matter of policy» —hacen la vista gorda por política de empresa— ante los brokers que se saltan los límites publicados. Alegaciones, no hechos probados.
Por qué importa
El pasaje que importa cabe en una línea: «The BOTS Act does not preclude platforms from facing liability, and the Court will not read it as doing so». La BOTS Act no excluye que respondan las plataformas, y el tribunal no la va a leer así.
El razonamiento está en una palabra. «Circumvent» no aparece definido en la ley, así que el tribunal aplica su sentido corriente y concluye que «the BOTS Act is not limited to technological circumvention»: no hace falta un software que rompa una cola.
Con esa lectura, el 15 U.S.C. § 45c(a)(1) cambia de dirección. Prohíbe eludir la medida de seguridad, el sistema de control de acceso u otro control o medida tecnológica que el emisor de la entrada usa para hacer cumplir los límites publicados de compra. El objeto protegido es el límite que anuncia la propia plataforma: si se publica un tope por comprador y no se hace cumplir, ese tope deja de ser escudo y puede pasar a ser el objeto de la infracción.
Para quien vende con límites por comprador, colas virtuales o códigos de preventa, el tope publicado deja de ser un mensaje de marketing: es una promesa comprobable, y la comprueba quien la publica. Ahí está el control real de la reventa, y el contrapunto de lo que California acaba de convertir en ley.