Vender entradas por internet en Polonia es, desde el 28 de junio de 2025, un servicio que la ley obliga a prestar de forma accesible. La norma es la ustawa de 26 de abril de 2024 o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze, publicada en el Dziennik Ustaw de 15 de mayo de 2024 en la posición 731, y conocida como Polski Akt o Dostępności.
No habla de rampas: habla de tu web, de tu aplicación, del mapa de butacas y de la pasarela de pago. Y lleva sanción. El art. 73 convierte el incumplimiento en multa de hasta diez salarios medios mensuales con tope del 10 % de la facturación, y el órgano que vigila el comercio electrónico es el Ministerio de Digitalización.
¿Qué obliga a quien vende entradas online en Polonia?
Obliga a que el servicio se pueda usar de principio a fin. El art. 3 ust. 2 de la ley enumera los servicios sujetos y cierra la lista con el punto 6, «handlu elektronicznego». El art. 5 pkt 32 define ese servicio como «usługi oferowane lub świadczone na odległość przez strony internetowe i urządzenia mobilne, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie konsumenta w celu zawarcia umowy»: a distancia, por web o dispositivo móvil, a petición individual del consumidor y para celebrar un contrato. Una tienda de entradas es exactamente eso.
La ley es la transposición polaca de la Directiva (UE) 2019/882, el European Accessibility Act, como declara su primera nota al pie. Por eso el fondo técnico coincide con el de otros mercados europeos, como ya vimos en la venta de entradas accesible en Alemania: lo que cambia por país es quién inspecciona, con qué plazo y con cuánta multa.
El art. 88 fija la fecha: «Ustawa wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2025 r.». No hay periodo de gracia general para los servicios nuevos; lo que hay es un régimen transitorio para contratos y terminales que ya existían, y está en el art. 85.
El público afectado no es marginal. Según el Censo Nacional de 2021 citado por la Oficina del Plenipotenciario del Gobierno para Personas con Discapacidad, a 31 de marzo de 2021 había en Polonia 5,4 millones de personas con discapacidad, el 14,3 % de la población.
¿Entra tu venta de entradas en la ley o eres microempresa?
Si vendes a consumidores en Polonia y no eres microempresa, entras. La única puerta de salida general está en el art. 4 pkt 1: «Przepisów ustawy nie stosuje się do: 1) usług oferowanych lub świadczonych przez mikroprzedsiębiorców». La ley no define el término, de modo que se aplica el art. 7 ust. 1 pkt 1 del Prawo przedsiębiorców: menos de diez trabajadores de media anual y facturación neta anual o balance de hasta 2 millones de euros, en al menos uno de los dos últimos ejercicios, convertidos al cambio medio del NBP del cierre del año.
| Quién vende | ¿Sujeto a la ley? | Base |
|---|---|---|
| Promotora con 30 empleados y tienda propia | Sí, como usługodawca | art. 3 ust. 2 pkt 6 y art. 5 pkt 35 |
| Sala con 6 empleados y 1,5 millones de euros | No, por la exención de microempresa | art. 4 pkt 1 |
| Plataforma de ticketing que vende para el organizador | Sí, presta el servicio al consumidor | art. 5 pkt 32 y pkt 35 |
| Máquina expendedora de entradas en el recinto | Sí, pero como producto, con obligaciones del fabricante | art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b |
La última fila importa más de lo que parece. El art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b regula como productos los terminales de autoservicio destinados a prestar los servicios de la ley, y nombra expresamente los «automatów biletowych», las máquinas de venta de entradas, y los «urządzeń do odprawy», las de check-in. El organizador no es su fabricante, pero el art. 12 ust. 1 le exige usar productos que cumplan los requisitos de los arts. 7 a 11. Una taquilla automática inaccesible deja de ser un problema del proveedor en cuanto es la única forma de recoger la entrada.
¿Qué tiene que cumplir el checkout de entradas?
Dos capas: la general de servicios y la específica de comercio electrónico. La general es el art. 12 ust. 2, que exige dar la información sobre el servicio «za pomocą więcej niż jednego kanału sensorycznego», por más de un canal sensorial, en formatos de texto utilizables por la comunicación alternativa y aumentativa, con tipografía, contraste y espaciado suficientes, con presentación alternativa de los contenidos que no son texto, y con webs y aplicaciones perceptibles, funcionales, comprensibles y compatibles.
Encima va el art. 18, escrito para el comercio electrónico. Su punto 2 exige «postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość i kompatybilność funkcji i metod służących identyfikacji stron usługi handlu elektronicznego, zachowaniu bezpieczeństwa oraz dokonywaniu płatności, składaniu podpisów elektronicznych»: identificación, seguridad, pago y firma electrónica. Su punto 1 obliga a dar la información sobre la accesibilidad de los productos o servicios vendidos cuando el obligado la ha facilitado.
| Requisito legal | Qué significa en una tienda de entradas |
|---|---|
| Pago e identificación accesibles (art. 18 pkt 2) | Checkout navegable con teclado, errores anunciados, sin depender del color |
| Información por más de un canal sensorial (art. 12 ust. 2 pkt 1) | Mapa de butacas con listado textual de zonas, filas y precios |
| Formatos de texto para tecnología asistiva (art. 12 ust. 2 pkt 1) | Entrada y correo de confirmación en PDF etiquetado, no en imagen |
| Criterios funcionales (art. 19 ust. 2) | Un modo de uso que no exija vista, oído, voz ni motricidad fina |
| Productos usados en el servicio (art. 12 ust. 1) | Taquillas y lectores conformes con los arts. 7 a 11 |
El art. 19 es la red de seguridad: cuando una función del servicio no está cubierta por los requisitos de los arts. 7 a 18, se le aplican «kryteria funkcjonalne» que obligan a que exista al menos un modo de uso que no requiera vista, que no requiera oído, que no exija emitir sonidos y que no dependa de la motricidad fina ni de accionar dos controles a la vez. En una cola de venta con temporizador y captcha, esa lista se nota.
¿Qué información tienes que publicar sobre accesibilidad?
Más de la que se suele poner. El art. 32 ust. 1 empieza por el principio: «Usługodawca przeprowadza ocenę zgodności usługi z wymaganiami dostępności». La evaluación es tuya y es previa, no una respuesta a la inspección.
El art. 32 ust. 2 pkt 1 añade la parte pública: en el reglamento de prestación del servicio, o en otro documento equivalente, hay que informar por escrito y en formato accesible de la propia prestación, de lo que hace falta para usarla y «o tym, w jaki sposób usługa spełnia wymagania dostępności», de qué manera el servicio cumple los requisitos. Es decir, el regulamin de tu tienda de entradas tiene que explicar cómo cumple, no limitarse a decir que cumple. Los puntos 2 a 4 obligan además a informar del proceso de prestación y su monitorización, a conservar esa información mientras el servicio siga ofreciéndose y a actualizarla cuando cambien el servicio, los requisitos o las normas técnicas.
El art. 33 ust. 1 concreta qué va dentro: el estado actual de las condiciones necesarias para que las personas con necesidades especiales usen los locales y edificios de uso público empleados para prestar el servicio y la infraestructura que los rodea, y el certificado de accesibilidad previsto en el art. 19 de la ustawa de 19 de julio de 2019, si se tiene. Para un promotor, eso es describir el recinto y sus accesos, no solo la web.
La presunción de conformidad vive en el art. 20 ust. 1: el servicio conforme con normas armonizadas o especificaciones técnicas se presume conforme en la parte cubierta por ellas. Los listados los publican los órganos de vigilancia en su Boletín de Información Pública, según el art. 40 pkt 3.
¿Qué multa hay y quién inspecciona?
La multa está en el art. 73 ust. 1 pkt 2 lit. a: responde el prestador «który nie zapewnia spełniania wymagań dostępności oferowanych lub świadczonych usług, o których mowa w art. 12–19». El importe es «do dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający», con un techo: «nie większej niż 10 % obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary».
Cuánto es eso en zlotys depende de qué cifra del GUS se tome, y la ley remite a la que se publica en el Monitor Polski con arreglo a las normas de pensiones. El comunicado del Presidente del GUS de 9 de febrero de 2026 fija el salario medio en la economía nacional de 2025 en 8.903,56 zł; el obwieszczenie de 19 de febrero de 2026, que da el salario mensual descontadas las cotizaciones, lo sitúa en 7.770,04 zł. Multiplicado por diez, el máximo de 2026 queda entre 77.700,40 y 89.035,60 zł. Son cuentas nuestras sobre las dos cifras oficiales; cuál de las dos aplica el órgano sancionador es una lectura que la ley no cierra.
Antes de la multa hay un camino. El art. 62 ust. 1 obliga al PFRON o al órgano competente a requerir al prestador acciones correctoras con un plazo «nie dłuższym niż 120 dni» y permite prohibir por decisión la prestación del servicio «na okres nie dłuższy niż 180 dni». Si no se presentan pruebas de la corrección, el art. 63 abre procedimiento y el art. 65 permite ordenar el cumplimiento, prohibir el servicio o exigir que se avise a los consumidores. La multa la imponen por decisión el PFRON o el órgano de vigilancia (art. 73 ust. 3) y se paga en 14 días al Fundusz Dostępności (art. 73 ust. 5).
¿Quién llama a la puerta? El art. 38 ust. 3 pkt 2 asigna el comercio electrónico al ministro competente en informatización. El Ministerio de Digitalización lo confirma en su portal de accesibilidad digital, y el mapa de órganos de vigilancia publicado por el Ministerio de Fondos y Política Regional reparte el resto: UKE para telecomunicaciones y productos, Rzecznik Finansowy para banca minorista, UTK para ferrocarril.
Las dos vías del comprador
El consumidor tiene dos armas, y conviene no confundirlas. La primera es la skarga del art. 35 ust. 1, que se dirige a la propia empresa: el art. 37 ust. 2 da 30 días para contestar, ampliables a 60 en casos complicados, y su apartado 4 cierra la trampa: si no contestas a tiempo, «skargę uważa się za rozpatrzoną zgodnie z żądaniem skarżącego» y tienes seis meses para cumplir lo pedido.
La segunda es el zawiadomienie del art. 67 ust. 1, que puede presentar cualquiera ante el PFRON, no solo el comprador. El art. 68 ust. 1 obliga al PFRON a tramitarlo o derivarlo en 30 días, y si lo ve fundado, a inspeccionar. Añade el art. 42: a petición de un consumidor, el PFRON o el órgano competente le entregan en 30 días la información sobre la conformidad del servicio y sobre la evaluación que hizo la empresa.
¿Puedes alegar carga desproporcionada?
Sí, pero con papeles. El art. 21 ust. 1 limita la obligación a lo que no exija «zasadniczej zmiany podstawowych właściwości» del servicio y no suponga «nieproporcjonalnego obciążenia». El ust. 3 fija los criterios: relación entre el coste neto de cumplir y los costes operativos y de capital, estimación de costes y beneficios frente a la ventaja para las personas con necesidades especiales, y relación entre ese coste neto y los ingresos netos del servicio.
Tres detalles se escapan en las lecturas rápidas. El ust. 5 y el ust. 6 obligan a documentar la evaluación y a guardarla cinco años desde que se deja de prestar el servicio. El ust. 10 exige repetirla al menos cada cinco años, y además siempre que cambie el alcance del servicio o su forma de prestación, o cuando lo pida el PFRON o el órgano de vigilancia. Y el ust. 11 desactiva la excusa cuando has recibido financiación pública o privada ajena para ese mismo requisito: si te lo pagaron, no es carga desproporcionada.
El ust. 8 añade la pieza que casi nadie recuerda: si de tu evaluación resulta que no estás obligado a cumplir un requisito, hay que comunicarlo por escrito y sin demora al órgano de vigilancia. Alegar la excepción en silencio es, en la práctica, no alegarla.
¿Y si organizas con dinero público o con una institución cultural?
Entonces se suma otra ley. La ustawa de 19 de julio de 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obliga a las entidades públicas a garantizar accesibilidad arquitectónica, digital e informativo-comunicativa, con los mínimos del art. 6. Quién es entidad pública se resuelve por remisión al art. 9 de la ustawa o finansach publicznych, cuyo punto 13 incluye las «państwowe i samorządowe instytucje kultury»: un dom kultury municipal o un teatro público entran. Su art. 4 ust. 3 exige que, al encargar tareas públicas financiadas con fondos públicos, el contrato recoja las condiciones de accesibilidad; y el art. 5 ust. 2 traslada la obligación al privado: quien ejecuta por contrato una tarea financiada con fondos públicos debe garantizar la accesibilidad en los términos de ese contrato.
Para un promotor, la consecuencia es contractual: una subvención municipal o un convenio con un teatro público pueden meterte requisitos de accesibilidad que la ley de comercio electrónico no te impondría. Y el ciudadano tiene vía propia: el art. 31 ust. 1 da 14 días para atender una solicitud de accesibilidad, ampliables hasta dos meses por el ust. 2, y el art. 32 ust. 2 permite reclamar ante el Presidente del PFRON en 30 días.
Si el que vende es el propio ente público, se aplica además la ustawa de 4 de abril de 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych: su art. 5 remite al anexo, que recoge los criterios del nivel AA de las WCAG 2.1, su art. 10 exige publicar una declaración de accesibilidad, su art. 18 da 7 días para atender una petición y su art. 19 prevé multas de hasta 10.000 zł por no asegurar la accesibilidad digital y de hasta 5.000 zł por no publicar la declaración.
El recinto va por otro lado. El art. 5 ust. 1 pkt 4 del Prawo budowlane exige proyectar y construir los edificios de uso público asegurando «niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej (…) przez osoby niepełnosprawne». La ley de comercio electrónico no te pide butacas accesibles; te pide poder comprarlas sin llamar por teléfono. Son obligaciones distintas, y el permiso y el aforo siguen su propio camino, como vimos en el permiso y la seguridad de una impreza masowa.
¿Qué pasa con los contratos y las taquillas que ya tenías?
Hay transición, y es generosa, pero tiene fecha. El art. 85 ust. 1 permite que los contratos de oferta o prestación de servicios firmados antes de la entrada en vigor sigan vigentes sin cambios hasta extinguirse, «jednak nie dłużej niż do dnia 28 czerwca 2030 r.». El ust. 2 deja prestar servicios con productos no conformes que ya se usaban para lo mismo, también hasta el 28 de junio de 2030. El ust. 3 es el más largo: los terminales no conformes pueden seguir usándose hasta el fin de su utilidad económica y como máximo veinte años desde que se empezaron a usar.
El art. 86 excluye tres cosas de las webs y aplicaciones: los contenidos multimedia grabados y publicados antes de la entrada en vigor, los ficheros de documentos publicados antes de esa fecha y los contenidos archivados que no se hayan actualizado ni editado desde entonces. Un cartel en PDF de 2024 que sigue colgado no te sanciona; la página de compra de un evento de 2027, sí.
| Elemento | Plazo | Base |
|---|---|---|
| Servicios nuevos | Desde el 28 de junio de 2025 | art. 88 |
| Contratos firmados antes | Hasta su fin, máximo 28 de junio de 2030 | art. 85 ust. 1 |
| Productos ya usados en el servicio | Hasta el 28 de junio de 2030 | art. 85 ust. 2 |
| Taquillas y terminales en uso | Fin de utilidad económica, máximo 20 años | art. 85 ust. 3 |
| Contenido archivado sin editar | Excluido | art. 86 pkt 3 |
Lista de comprobación antes de tu próxima venta en Polonia
Siete comprobaciones que no dependen de reformar el recinto.
Decide si eres microempresa y guarda el cálculo. Menos de diez trabajadores de media anual y 2 millones de euros de facturación o balance, según el art. 7 ust. 1 pkt 1 del Prawo przedsiębiorców. Si estás en el límite, el documento del ejercicio anterior es el que te van a pedir.
Haz la compra entera con el teclado. Desde elegir zona hasta pagar y descargar la entrada. El punto donde te atascas es el punto del art. 18 que incumples.
Pon una alternativa textual al mapa de butacas. Lista de zonas, filas disponibles y precios, navegable con lector de pantalla. Es la forma directa de cumplir el «más de un canal sensorial» del art. 12 ust. 2.
Revisa captcha y temporizador de la cesta. Un captcha solo visual y una cuenta atrás que no se puede ampliar chocan con los criterios funcionales del art. 19 ust. 2 y con la identificación del art. 18.
Escribe en el regulamin cómo cumples. El art. 32 ust. 2 pkt 1 pide explicar de qué manera el servicio cumple los requisitos, en formato accesible, y mantenerlo actualizado. Es lo primero que mira una inspección.
Describe el recinto, no solo la web. El art. 33 ust. 1 exige informar del estado de las condiciones de uso de los locales y de la infraestructura de acceso.
Si vas a alegar carga desproporcionada, documenta y comunica. Evaluación con los criterios del art. 21 ust. 3, cinco años de conservación, revisión cada cinco años y aviso por escrito al órgano de vigilancia según el art. 21 ust. 8.
Y Futura Tickets, ¿qué parte resuelve la plataforma?
Casi todo lo anterior se decide en el software de venta, no en la obra del recinto. Las preguntas útiles para cualquier proveedor —Futura Tickets incluido— son si el flujo completo de compra funciona con teclado y lector de pantalla, si el mapa de butacas tiene alternativa textual, si la entrada y el correo salen en formatos etiquetados, si la plaza de silla de ruedas y la de acompañante son tipos de inventario con precio propio, y si puedes exportar la evidencia para tu evaluación del art. 32 ust. 1. Futura Tickets es una plataforma SaaS española de ticketing para organizadores profesionales que vende en 9 idiomas y en 11 dominios de país, y se evalúa con esas preguntas, como cualquier otra.
Lo que ninguna plataforma puede darte es la conformidad: se juzga sobre tu servicio, tu recinto y tus procedimientos. Si estás eligiendo proveedor para el mercado polaco, los criterios de partida están en cómo elegir una plataforma de ticketing, y el requisito de accesibilidad conviene meterlo en el pliego antes de firmar.
Conclusión
El Polski Akt o Dostępności traslada a la taquilla una idea incómoda: la accesibilidad del canal digital es una obligación con órgano de vigilancia, inspección y multa, no una política interna. El plazo venció el 28 de junio de 2025, el ministerio competente es el de Digitalización y la sanción se mide en salarios medios con tope del 10 % de la facturación.
Para quien ya vende en varios países el fondo se repite, porque todas estas leyes transponen la misma directiva: cambian el órgano, los plazos y el importe. Quien venga de la accesibilidad bajo la ADA en Estados Unidos reconocerá el terreno. Y en Polonia conviene revisarlo junto a lo que ya toca cada temporada: el IVA, KSeF y ZAiKS de la venta y las reglas de devolución de entradas, que también se explican en el mismo reglamento del servicio.
Fuentes
- Ustawa de 26 de abril de 2024 o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze, Dz.U. 2024 poz. 731 (Dziennik Ustaw)
- Texto completo de la ley en PDF: arts. 3, 12, 18, 19, 21, 32, 33, 38, 62, 67, 73, 85 y 88 (ELI, Sejm)
- Directiva (UE) 2019/882 sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios (EUR-Lex)
- Art. 7 ust. 1 pkt 1 del Prawo przedsiębiorców: definición de mikroprzedsiębiorca (ELI, Sejm)
- Ustawa de 19 de julio de 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: arts. 4, 5, 6, 31 y 32 (ELI, Sejm)
- Ustawa de 4 de abril de 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych: arts. 5, 10, 18 y 19 (ELI, Sejm)
- Art. 9 pkt 13 de la ustawa o finansach publicznych: las instituciones culturales estatales y municipales son sector público (ELI, Sejm)
- Art. 5 ust. 1 pkt 4 del Prawo budowlane, texto refundido Dz.U. 2024 poz. 725 (ELI, Sejm)
- Komunikat del Presidente del GUS de 9 de febrero de 2026: salario medio en la economía nacional en 2025, 8.903,56 zł
- Obwieszczenie del Presidente del GUS de 19 de febrero de 2026: salario mensual descontadas cotizaciones, 7.770,04 zł
- Ministerio de Digitalización: Polski Akt o Dostępności y servicios de comercio electrónico (gov.pl)
- Ministerio de Fondos y Política Regional: qué institución vigila cada producto y servicio
- Oficina del Plenipotenciario del Gobierno para Personas con Discapacidad: 5,4 millones de personas con discapacidad, Censo Nacional de 2021